Detenidos en Palma tres ex cargos del gobierno balear por malversación El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Palma de Mallorca detuvo ayer, a instancias de la Fiscalia Anticorrupción, a seis personas -«antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares»-, acusadas de formar parte de una presunta trama de corrupción en el seno de ese consorcio público. Los hechos se habrían producido en la pasada legislatura cuando en Baleares gobernaba el PP bajo la presidencia de Jaume Matas. Los delitos que imputa la Fiscalía a las personas detenidas son los de prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. La cifra de dinero malversado podría situarse en torno a los 500.000 euros. El citado consorcio, que gestiona las instalaciones del Ejecutivo autonómico destinadas al turismo juvenil, estaba encuadrado en la Consejería de Presidencia del Ejecutivo autonómico, que en la pasada legislatura dirigía la consejera popular Rosa Puig. Las personas detenidas son Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios e Instalaciones de Turismo Joven; el contable Jaume Cerdà y el ex gerente del citado consorcio, Damián Amengual. Asimismo, fueron detenidos María Auxiliadora P.A., esposa de Gosálbez; y el constructor Marcos P. y una sexta persona, al parecer dueño de una agencia de viajes. El origen de esta actuación judicial y policial se sitúa meses atrás, poco después de que el nuevo gobierno de izquierda que preside el socialista Francesc Antich, se constituyera. El nuevo consejero de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, de Unión Mallorquina, comprobó al acceder al cargo que su departamento tenía una deuda acumulada de varios millones de euros. Una de sus primeras decisiones fue destituir a Gosálbez por falta de confianza. El siguiente paso fue una investigación llevada a cabo por la Consejería de Hacienda, que descubrió una presunta malversación de fondos públicos en Turismo Joven, sobre todo en gastos de representación y de viajes exagerados y no justificados, y en el pago de autoalquileres por parte de los ahora acusados. Toda la documentación fue remitida a Anticorrupción, que vio indicios de tres posibles delitos en este caso. |