Más altos cargos para reducir los pleitos
(02-07-10, ABC)
El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que el nuevo órgano supone duplicar los altos cargos de la Junta, que además serán elegidos a dedo sin procedimientos públicos y transparentes
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La Junta de Andalucía inició el pasado enero los trámites para la creación de un nuevo órgano, el Tribunal Administrativo de Andalucía, cuyo objetivo es reducir la litigiosidad en los tribunales en la jurisdicción contencioso administrativa. Se trata de un organismo que tiene como objetivo la mediación para evitar los pleitos. Sin embargo, ese nuevo tribunal, que ya está en fase de tramitación, ha sido denunciado ante los tribunales por el Sindicato Andaluz de Funcionarios porque supone, en plena crisis, duplicar el número de altos cargos de la Administración autonómica.
El propio Consejo de Gobierno que el 26 de enero anunciaba la creación de este órgano, detallaba que estaría compuesto por un presidente que sería nombrado por el Gobierno, «con rango asimilado al de director general», entre funcionarios de carrera que sean juristas de reconocido prestigio y con una experiencia de más de diez años. Y también informaba de que los puestos de vocal se proveerían por concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil con una antigüedad superior a cinco años.
Denuncia
Ese anteproyecto de Ley sigue su trámite según confirmaron ayer fuentes de la consejería de Hacienda y Administración Pública ya que, aunque se inició en la Consejería de Justicia que antes tenía las competencias sobre la Administración pública ahora éstas han pasado al departamento que dirige Carmen Martínez Aguayo. «Va con mucho impulso», dijeron las fuentes, que confirmaron que el texto ha pasado el trámite de información pública a consumidores y sindicatos. Y es en ese trámite en el que el SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta) ha presentado alegaciones para denunciar que, además de incurrir en numerosas ilegalidades, este órgano supondrá, duplicar el número de altos cargos elegidos «a dedo».
Así, según SAFJA, el nuevo tribunal está compuesto, además de por un presidente, por un secretario general y ocho vocales. Por ello el sindicato se pregunta si «no es más lógico y como medida de austeridad reducir el número de altos cargos y ahorrar gastos».
Pero además esos cargos, según las alegaciones del sindicato, se nombrarán «sin el establecimiento de ningún tipo de procedimiento público transparente» que hará que ese órgano «sea en la práctica totalmente dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública».
Y todos elegidos, dice SAFJA, mediante «libre designación» y sin ser sometidos a ningún sistema basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad «ignorando lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Constitución».
Alegaciones
Por ello, SAFJA ha solicitado a la Junta en sus alegaciones que modifique varios preceptos de la norma para establecer un sistema de provisión de altos cargos que se base en el concurso de méritos que sea reglado y público y transparente «en el que tengan opciones reales todos los funcionarios de la de la Administración General de la Junta».
El sindicato también solicita que se reduzca el número de altos cargos porque con la creación del tribunal se estarían duplicando cargos, ya que estos altos cargos ya no serían tan necesarios y, de este modo, financiar este Tribunal y ahorrar gastos.
Finalmente el sindicato también ha pedido que se anule disposición que atribuye al tribunal competencia para conocer del recursos contra actos, resoluciones y acuerdos de las entidades locales andaluzas porque ello vulneraría la autonomía local de los ayuntamientos que proclama la Constitución.
Las nóminas de los jueces al CGPJ
Hace unos días los jueces comenzaban a presentar recursos ante el CPGJ por sus nónimas tras cobrar la de junio con los recortes salariales decretados por el Gobierno para los funcionarios. Ayer tres asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente pedían amparo al CGPJ por lo que consideran «un grave atentado» a su independencia económica. Según los jueces, la independencia económica forma parte «del haz de garantías que rodean la independencia de los miembros del Poder Judicial». Y esa parte de su independencia se encuentra comprometida, dicen, porque sea el Ministerio de Justicia y no el CGPJ quien tenga en sus manos sus retribuciones.