La presidenta del TC pretende acelerar la decisión sobre el Estatuto catalán
(01-09-08, ABC)

La entrada de cinco nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional (como consecuencia de la renovación de un tercio de sus miembros y de la cobertura de la plaza del fallecido Roberto García-Calvo) podría retrasar al menos durante varios meses la esperada sentencia sobre el Estatuto catalán. Una demora de esas características sería nefasta para el Gobierno de Zapatero pues complicaría más, si cabe, el puzzle de la financiación autonómica y podría terminar de deteriorar la delicada relación que a cuenta de ello mantienen el PSOE y el PSC; y más aún en este momento, en el que el Tribunal tiene una composición en teoría favorable a los intereses del Ejecutivo. En la etapa final de su mandato, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, quiere pisar el acelerador y dejar resuelta la «patata caliente» del Estatuto.

La llegada de cinco nuevos miembros supone cambiar de golpe casi la mitad del Tribunal, integrado por doce vocales. Algunas fuentes señalan que la incorporación de nuevos magistrados no debe producir ningún efecto sobre los asuntos que no están terminados de deliberar (como sucede con el Estatuto), en la medida en que el Constitucional no es un tribunal ordinario integrado en el Poder Judicial; desde dentro del Tribunal se afirma todo lo contrario.

Decisión colegiada

El artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional remite a otras normas -Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil- en lo que respecta, entre otras materias, a la «deliberación». Es decir, que para las deliberaciones del TC rigen los mismos principios que para los tribunales ordinarios. Uno de esos principios, básico según fuentes jurídicas, es la «colegialidad» de la decisión. Esto significa que el grupo de magistrados que ha discutido (deliberado) un asunto es el que debe firmar la sentencia. Por lo tanto, los cambios en la composición del tribunal a medio camino sí tienen consecuencias.

La aplicación de esta tesis al caso del Estatuto tendría un efecto inmediato: «La incorporación de cinco nuevos miembros, casi la mitad del Pleno, automática y forzosamente debe hacer arrancar desde el principio toda la deliberación. El trabajo realizado hasta ahora no valdría para nada», sostienen los medios citados.

Así las cosas, si el Constitucional se renueva antes de que esté lista la sentencia del Estatuto, todo acabaría dependiendo de la «buena voluntad» de los nuevos magistrados. Con el fin de no hacer eterna la espera del fallo sobre el encaje constitucional de la norma catalana, podrían conformarse con estudiar los recursos y volver a empezar el debate sólo sobre aquellos asuntos respecto de los que alberguen dudas o con los que no estén de acuerdo.

En cualquier caso, la sentencia sufriría una importante e indeterminada demora, pues los vocales recién llegados necesitarán como mínimo unos meses para ponerse al día y estudiar todo el procedimiento; a partir de ahí, aportarán sus propias opiniones, coincidentes o no con lo ya deliberado.

Esta perspectiva no gusta al Gobierno, pero tampoco dentro del Tribunal Constitucional, donde es un comentario bastante generalizado que sería bueno que el Pleno, con su actual composición, fuera capaz de dictar la sentencia antes de su renovación parcial. «Lo contrario sería una vergüenza», apuntan. Pesan mucho los dos años largos de tormentosas deliberaciones, con varias recusaciones de por medio, que los magistrados llevan sobre sus espaldas. Ningún asunto había resultado hasta ahora tan dañino para la institución ni había deteriorado tanto la relación entre los vocales, por lo que conseguir terminarlo dejaría en el Pleno un sabor de boca menos amargo.

Lo cierto es que dentro del Constitucional no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre la situación en la que se encuentran las deliberaciones del Estatuto. Fuentes próximas a la presidenta, María Emilia Casas, dicen que están «muy avanzadas», por lo que no descartan que la sentencia pueda estar terminada antes de que concluya el año; otros magistrados, por el contrario, son más pesimistas y sostienen que aún queda mucho, que sólo se han abordado cuestiones «superficiales» y que aspectos tan esenciales como la financiación están «sin hacer». Tampoco habría un acuerdo cerrado sobre la «bilateralidad». Para estos últimos resulta inverosímil que la sentencia esté lista, como pronto, antes de marzo.

Resulta, pues, muy difícil hacer una previsión temporal. Pero existe un dato cierto, y es que, según apuntan fuentes judiciales, Casas ha comunicado a los magistrados su deseo de «imprimir ritmo» a las deliberaciones. Tras dos años de verdadera carrera de obstáculos, el TC quiere hacer un sprint en esta recta final. La presidenta saldrá del Tribunal, junto a Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, cuando se produzca la renovación.

La actual composición del TC, tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo (ubicado en el llamado «bloque conservador»), sería «a priori» favorable a los intereses del Gobierno. Con el antecedente de la sentencia sobre el Estatuto valenciano, que resuelve varios aspectos clave también planteados en los recursos contra el catalán, todo parece indicar que el reparto de pesos en el Pleno se repetirá. A las tesis de los magistrados «progresistas» (Casas, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala, Eugeni Gay, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) podría volverse a unir Guillermo Jiménez, con lo cual el sector «conservador» estaría condenado a ser minoría al quedar reducido a cuatro vocales (Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata). Todos ellos (y García-Calvo) formularon votos particulares discrepantes a la sentencia que avaló la constitucionalidad del Estatuto valenciano.

Plazos coincidentes

Esto significa, a juicio de algunas fuentes, que al Gobierno no le interesa modificar la actual composición del Tribunal antes de que dicte la sentencia «porque la tienen ganada». Además, al Ejecutivo le vendría muy bien, añaden, utilizar la resolución como argumento en las negociaciones sobre la financiación autonómica; según qué materias, le serviría tanto para frenar los pies a los nacionalistas catalanes como para justificar hipotéticas cesiones a la Generalitat en detrimento de otras comunidades autónomas.

Curiosamente, los plazos coinciden: si el Constitucional consigue pisar el acelerador, como pretende Casas, su decisión podría estar lista justo en el momento en el que vence el plazo de tres meses que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, arrancó al presidente de ICV, Joan Saura, para cerrar el acuerdo sobre la financiación autonómica.